En una sesión plenaria de este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó un informe clave presentado por el senador Dionisio Amarilla, presidente de la instancia legislativa. Tras un debate en el que se analizaron los puntos expuestos, el Pleno resolvió, por unanimidad, elevar el documento final a diversas instituciones nacionales e internacionales para su revisión y eventual acción.

La moción, impulsada por el senador Amarilla, marca un paso significativo en la búsqueda de transparencia y cooperación interinstitucional en el país. El informe será remitido a la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Banco Central del Paraguay (BCP), la Superintendencia de Bancos, los Parlamentos Regionales y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Esta decisión refleja el interés del Senado en garantizar que el contenido del documento sea evaluado por entidades clave en materia de fiscalización, control financiero y cooperación internacional. Aunque los detalles específicos del informe no fueron divulgados públicamente durante la sesión, fuentes cercanas al Senado indican que el documento aborda temas relacionados con la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y otros delitos conexos, en línea con los esfuerzos del país por fortalecer la transparencia y el cumplimiento de normativas internacionales.

La inclusión del Departamento de Estado de los Estados Unidos entre los destinatarios sugiere un componente de cooperación internacional, posiblemente vinculado a investigaciones sobre crímenes transnacionales, como el narcotráfico o el contrabando, temas recurrentes en la agenda legislativa paraguaya.

La Comisión de Investigación analizó 17 organismos que recibieron fondos de USAID por un total de USD 57 millones. De estos, tres organismos concentraron casi el 50% del monto, equivalente a USD 25.3 millones, mientras que las 14 instituciones restantes se repartieron USD 27.5 millones. Según el análisis, el 71% de los USD 52 millones rendidos se destinó a salarios, honorarios, contratos de personal, asesorías, consultorías y gastos administrativos. Esto revela que prácticamente no hubo inversión significativa en los programas que las ONG declararon ejecutar, poniendo en evidencia un uso mayoritario de los fondos para gastos de personal.