Ramón Ramírez sostuvo que ese plazo es el 21 de agosto y posiblemente presente la conclusión de su trabajo antes de esa fecha, añadiendo que la ley de intervención no prevé prórroga.

Confirmó lo que adelantó ayer, se centró en profundizar revisiones de las gestiones municipales en los dos últimos meses, hallándose inconsistencias importantes en comprobantes de ingresos.

“Seleccionamos una muestra de 9 casos para confirmar un faltante de 75 millones de guaraníes. Se registran pagos de cuentas corrientes catastrales de impuestos inmobiliarios en el sistema, pero los arqueos no reflejan esos ingresos” según dijo y, por eso, se elevó la denuncia penal a la Fiscalía.