La Cámara de Senadores de Uruguay sancionó este miércoles la ley que regula la eutanasia, conocida como “Muerte Digna”, con 20 votos a favor de un total de 31 senadores presentes.

Con esta aprobación, que completa el trámite iniciado en la Cámara de Diputados el 13 de agosto, el país se posiciona como el tercero de América Latina en legalizar la muerte asistida y el undécimo a nivel mundial, tras Colombia y Ecuador, que lo hicieron mediante fallos judiciales.

El proyecto, impulsado por el Frente Amplio y respaldado por sectores de la oposición como el Partido Colorado y algunos nacionalistas, establece que las personas mayores de edad, con capacidad psíquica plena y en etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o con sufrimientos insoportables, podrán solicitar la eutanasia.

La norma aplica a ciudadanos uruguayos y residentes extranjeros, siempre que se realice de forma «indolora, apacible y respetuosa de la dignidad». El procedimiento requiere una solicitud escrita del paciente, avalada por dos profesionales de la salud independientes, con un período de reflexión de 15 días y la posibilidad de revocación en cualquier momento.

Durante la sesión en el Senado, que se extendió por varias horas, el oficialismo sumó los 17 escaños del Frente Amplio con los apoyos de la senadora nacionalista Graciela Bianchi y los colorados Ope Pasquet y Heber Duque.

Pasquet, quien presentó un anteproyecto similar en 2020 que naufragó en 2022, defendió la ley al cuestionar si «una persona adulta en su sano juicio tiene el derecho a morir cuando lo decida o el deber de vivir hasta la muerte natural».

Por su parte, opositores como el nacionalista Martín Lema argumentaron que la norma coarta alternativas como los cuidados paliativos, no disponibles en todo el país, y cuestionaron su compatibilidad con la Constitución.

La sanción generó reacciones inmediatas. La senadora Constanza Moreira, del Frente Amplio, celebró en X que «Uruguay vuelve a estar a la vanguardia en la agenda de derechos.

Aprobamos la ley de eutanasia: una norma que reconoce la libertad de decidir hasta el final, con dignidad y libertad». El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, enfatizó que «elegir es dignidad» y que la ley refleja un «compromiso con la dignidad humana y la libertad».

Grupos católicos y conservadores, que rechazaron el proyecto desde su inicio en 2019, expresaron su oposición, aunque una encuesta de Factum de 2022 indicaba que el 77% de los uruguayos apoyaba la eutanasia en circunstancias específicas.

El debate, que incluyó audiencias con más de 60 organizaciones civiles, médicos y académicos, se originó en el testimonio del exfutbolista Fernando Sureda, afectado por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), quien en 2019 pidió públicamente la legalización.

Hasta ahora, Uruguay permitía desde 2013 que pacientes terminales rechacen tratamientos que prolonguen la vida, pero la eutanasia se consideraba «homicidio piadoso» en el Código Penal.

La nueva ley crea una comisión honoraria para evaluar casos y reportar al Ministerio de Salud y al Parlamento, garantizando supervisión.

Con la sanción parlamentaria completa, resta la reglamentación ejecutiva, que se da por aprobada dada la postura del gobierno. La norma entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial, marcando un hito en la tradición progresista de Uruguay, que ya legalizó el aborto en 2012, el matrimonio igualitario en 2013 y el cannabis en 2013.

Países como Países Bajos, Bélgica, Canadá y España ya regulan la eutanasia, pero Uruguay destaca en la región por su vía legislativa.