Las represas ilegales tipo trampa, construidas en los cauces de los ríos Capiibary y Pirapó, fueron destruidas durante un operativo conjunto entre la Regional Caazapá del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Ministerio Público. Las mismas ocasionaron una importante disminución de la fauna íctica de la cuenca.

La intervención de los técnicos del Mades fue liderada por la agente fiscal Liza Baeza, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, con acompañamiento y apoyo policial.

Este tipo de prácticas constituye un delito ambiental, por lo cual prosiguen los controles y operativos con el objetivo de proteger los recursos naturales y garantizar la recuperación de la fauna íctica.

Las trampas consisten en represas construidas con troncos y tacuaras extraídos del entorno natural, formando una especie de embudo que, durante las crecidas del río, permite el ingreso de los peces para luego ser capturados ilegalmente.

Las estructuras, instaladas por personas innominadas dedicadas a la pesca furtiva, estaban ubicadas en el río Capiibary, distrito de Buena Vista, departamento de Caazapá.