En el marco del cierre de ciclo académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNA) - Filial Quiindy, una investigación jurídica ha puesto luz sobre un problema administrativo con profundas raíces sociales: la inscripción tardía de fallecimientos.

El trabajo final de grado, defendido exitosamente por los ahora abogados Anna Paula Riveros, Rodrigo Gómez, Mónica Cabrera y Fernando Leguizamón, analiza cómo la omisión o el retraso en el registro de defunciones ante el Registro de las Personas de Quiindy genera un "limbo" legal que afecta tanto al Estado como a los herederos.

¿Qué es la inscripción tardía?

Desde una perspectiva educativa, debemos entender que la ley establece plazos específicos (24 horas) para asentar un fallecimiento. Cuando este plazo se vence, el trámite deja de ser administrativo y debe realizarse por vía judicial.

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

El equipo de investigación identificó que en Quiindy, este fenómeno no es solo una falta de trámite, sino que conlleva implicancias críticas:

Implicancias Legales: La falta de un certificado de defunción impide la apertura de juicios sucesorios, la transferencia de bienes y la cancelación de personería jurídica. El fallecido "sigue vivo" para el sistema, lo que puede dar pie a fraudes electorales o cobros indebidos de beneficios estatales.

Implicancias Sociales: Para las familias, representa un obstáculo emocional y económico. La imposibilidad de regularizar tierras o cobrar pensiones de sobrevivencia perpetúa ciclos de informalidad y vulnerabilidad.

EXCELENCIA ACADÉMICA

La defensa del trabajo se llevó a cabo ante una mesa evaluadora de alto prestigio, integrada por el Dr. Nery Villalba, la Magister Clara Raquel Isasi y el Dr. José Villalba, quienes destacaron la relevancia del tema para la gestión pública local.

Este aporte académico no solo cumple con un requisito de grado, sino que sirve como una hoja de ruta para que las autoridades y la ciudadanía de Quiindy comprendan la importancia vital de formalizar el fin de la existencia legal de una persona.

La mesa evaluadora destacó que, el derecho a la identidad no termina con la muerte; el registro fiel de la defunción es el último acto civil que garantiza el orden jurídico y el respeto a los derechos de los que quedan.

Silse Mariel Oviedo, coordinadora de calidad educativa de la filial Quindy, remarcó la importancia del tema de investigación, tanto para la institución como para la sociedad misma y el involucramiento de los alumnos en temas de investigación sociales-jurídicos y la promoción de futuras soluciones.