La fiscal Mercedes Vera presentó ante el Juzgado Penal de Garantías un pedido formal para que se inicie el proceso de desafuero del defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, quien fue imputado por desacato tras presuntamente incumplir una orden judicial que disponía la reposición de una funcionaria a su cargo.

El caso se remonta a junio de 2024, cuando el Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo de la Primera Sala ordenó la reincorporación inmediata de la directora general Nidia Pintos Benítez, quien había sido desvinculada como funcionaria permanente de la institución. El tribunal también había establecido el pago de un millón de guaraníes o su equivalente en póliza de seguro.

Sin embargo, según consta en el expediente, la Defensoría del Pueblo no dio cumplimiento a la orden judicial, hecho que fue denunciado formalmente por la afectada el 11 de septiembre del año pasado.

Tras recibir el oficio del presidente del Tribunal de Cuentas y constatar los hechos, la fiscal Vera sostuvo que existen suficientes elementos de sospecha para presumir la comisión del delito de desacato, conforme lo establece la legislación vigente.

Dado que Ávila Macke goza de inmunidad debido a su cargo, la fiscal solicitó que el Juzgado Penal de Garantías remita el acta de imputación y el requerimiento al pleno de la Cámara de Diputados, de modo a que esta instancia evalúe el desafuero del funcionario para que pueda ser investigado sin restricciones.

Por su parte, el asesor jurídico de la Defensoría del Pueblo dijo que no entienden el porqué de la imputación fiscal por desacato, ya que se cumplieron las medidas ordenadas por la Justicia.

El abogado Pedro Santacruz sostuvo, en contacto con Radio Primero de Marzo, que no ven en dónde está el desacato cometido por el defensor del Pueblo.

Sostuvo que se siguieron todas las medidas y que la funcionaria en cuestión fue repuesta en su cargo.